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SOUTHNEWS

 
No. 393, 23 December 2021

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South Centre promueve discusión sobre la propiedad intelectual y el interés público en Colombia y la región: el contexto del Covid-19, uso de las flexibilidades del Acuerdo ADPIC y la protección de conocimiento tradicional

 

El South Centre organizó un evento presencial sobre Desafíos Actuales de la Propiedad Intelectual y el interés Publico en la Región de América Latina los días 17 a 19 de noviembre 2021 en Cartagena de Indias, Colombia, junto con la Universidad del Rosario (ISUR), Fundación Karisma, IFARMA, Misión Salud y American University. Este fue un evento complementario al Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público. El Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público es el principal encuentro de una red global de investigadores, activistas y profesionales de diversas áreas del conocimiento que se reúnen para abordar temas relacionados con la propiedad intelectual y la promoción del interés público. 
 
En el Congreso sobre Desafíos Actuales de la Propiedad Intelectual y el Interés Público en la Región de América Latina en Cartagena se desarrollaron cinco sesiones de trabajo repartidas en tres días, acompañadas de conferencias con el fin de favorecer la discusión sobre temas específicos tales como patentes y acceso a medicamentos y vacunas, flexibilidades del acuerdo ADPIC tales como las licencias obligatorias, ciencia abierta, el reconocimiento del valor del conocimiento tradicional, la protección de derechos colectivos y acceso a la educación, el conocimiento y la cultura, entre otros. El reunió expertos internacionales, regionales y nacionales, representantes de gobierno, sociedad civil, académicos y estudiantes para compartir y discutir desde diversas perspectivas.


 
El Dr. Carlos Correa, Director Ejecutivo del South Centre, ofreció la conferencia principal en la apertura del Congreso. Un resumen sigue a continuación:

 


 

La propiedad intelectual (PI) se caracteriza por conceder derechos de exclusión que se manifiestan en monopolios legales, tal como la jurisprudencia en los EEUU y la Unión Europea (UE) se ha referido a las patentes de invención. Dese monopolio permite controlar la oferta y lleva con frecuencia a precios inaccesibles no sólo para la población en los países en desarrollo, pero también en los desarrollados. Así, la PI entra en tensión con el derecho fundamental de acceso a la salud, el que incluye el acceso a medicamentos y vacunas. En el siglo XIX y gran parte del siglo XX varios países desarrollados, así como un gran número de países en desarrollo, excluyeron la patentabilidad de productos farmacéuticos, por su especial función para la salud y la vida. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio (ADPIC) terminó con esta flexibilidad. Esa tensión se hizo evidente durante la crisis de la VIH/SIDA, particularmente debido a la demanda judicial que empresas transnacionales farmacéuticas iniciaron para impedir el uso de flexibilidades permitas por ese Acuerdo (importaciones paralelas y licencias obligatorias) por parte del gobierno de Sud África. Esta situación llevó a la adopción de la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la Salud Pública, reconocido por un panel de la OMC (en un caso contra Australia por ‘plain packaging’ de cigarrillos) como un ‘acuerdo subsecuente’ en los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esa Declaración confirmó las flexibilidades disponibles bajo ese Acuerdo. La interferencia de países desarrollados, el poderoso lobby de la industria farmacéutica internacional, la presión ejercida mediante la Sección Especial 301 de la ley de Comercio de EEUU, e interpretaciones restrictivas en la OMC, han limitado el uso de esas flexibilidades. Sin embargo en diversos países (ej. Ecuador, Tailandia, Brasil, Malasia, Indonesia) se han concedido licencias obligatorias/uso gubernamental para facilitar el acceso a medicamentos (principalmente para VIH/SIDA pero no sólo con este fin). Los tratados de libre comercio han erosionado fuertemente esas flexibilidades (ej. mediante exclusividad de datos de prueba, ‘linkage’ entre patentes y aprobación de medicamentos por la autoridad regulatoria). La pandemia del COVID 19 ha puesta en evidencia una vez más la tensión referida, en tanto la PI aparece como un obstáculo para superar la insuficiente oferta de vacunas. Es interesante que en respuesta a un waiver sobre la obligaciones de ADPIC en relación con los productos necesarios para hacer frente a la pandemia, la UE aboga ahora por el uso de licencias obligatorias y el informe del USTR sobre la ¡Sección Especial 301 no menciona en el 2021 disposiciones sobre licencias obligatorias como u tema de preocupación. Si el waiver se aprueba será necesario tomar las medidas necesarias a nivel nacional para instrumentarlo; si no se aprueba, los miembros de la OMC pueden recurrir al art. 73 (b) del ADPIC sobre excepciones por seguridad nacional. Para el futuro debería considerarse una reforma del art. 31 bis de ADPIC, clarificar que exportaciones de medicamentos son legítimas bajo el art. 30 de ADPIC, establecer un ‘standard of review’ para la interpretación de las disposiciones del ADPIC de manera de superar las que se basan en jurisprudencia sobre comercio.
 
El primer panel del Congreso abordo la temática de Lecciones de Covid-19: relación patentes y acceso a medicamentos, métodos diagnósticos y vacunas.
 
El panel fue moderado por Francisco Rossi, IFARMA. Los panelistas fueron Carolina Gómez, Asesora del Secretario de Salud de Bogotá, quien habló sobre la experiencia en Colombia para desarrollar capacidad de producción local en medicamentos y vacunas; Oscar Lizarazo, Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, quien habló sobre el estado de patentes y vacunas contra el COVID-19; y el Dr. German Velasquez, Asesor Especial en Salud y Política del South Centre, quien se refirió al acceso a vacunas y medicamentos para todos en la era de la pandemia del  COVID-19.

 

 
Un resumen de la presentación del Dr. Velasquez sigue a continuación:

 

 
Desde el inicio de la pandemia del COVID 19 en enero del 2020, muchas iniciativas y propuestas internacionales han surgido, para encarar la tal vez más amplia catástrofe sanitaria, económica y social de los últimos 100 años. Las iniciativas como el ACT Accelerator, COVAX, CEPI (Coalición para la innovación en la preparación para las pandemias), no han sido suficientes, para controlar y poner fin a la pandemia. Las discusiones sobre una excepción a patentes en la OMC durante el período de duración de la pandemia han sido bloqueadas por un pequeño grupo de países industrializados. Las donaciones de países desarrollados o de la industria, ha sido insuficientes y han llegado tarde. Durante el 2021, gobiernos de países industrializados han hecho una enorme inversión pública para apoyar la investigación, así como la capacidad de producción y suministro, de las grandes compañías que están detrás de las principales vacunas que se han desarrollado para hacer frente a la covid-19. El acaparamiento de las vacunas por parte de los países desarrollados («nacionalismo de las vacunas ») a parte de ser inmoral, es un grave error científico ya que una variante que venga  de los países en desarrollo no vacunados, podría invalidar la protección de los ya vacunados en todo el mundo y tendríamos que empezar de zero.
 
Es hora de desarrollar reglas multilaterales y facultar a la OMS instrumentos para la aplicación de sus reglas, normas y directivas. La pandemia de COVID-19 crea una oportunidad para repensar y poner en marcha una nueva forma de gestión de la salud mundial, basado en el interés público. La OMS como gobierno de salud mundial, debería tener la capacidad de hacer leyes, y decretos. Se necesita, entre otras cosas, un modelo que vincule estructuralmente la innovación con el acceso. Sobre la base del artículo 19 de la Constitución de la OMS, los Estados Miembros de la OMS deberían permitir que la OMS elabore instrumento(s) mundial(es) vinculante(s) para gobernar la salud mundial, controlar y poner fin a la COVID 19 y evitar nuevas pandemias.
 
El segundo panel de la conferencia trató el tema de Experiencias con el uso de flexibilidades del Acuerdo ADPIC y su impacto en el manejo de la pandemia del COVID-19.
 
El panel fue moderado por Viviana Muñoz Téllez, Coordinadora del Programa en Salud Publica, Propiedad Intelectual y Biodiversidad del South Centre. Los panelistas fueron Andrés Tinajero, ex Director Nacional de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador – SENAPI, quien habló sobre la experiencia ecuatoriana; Felipe Carvalho, coordinador del Grupo de Trabajo sobre PI de la Red GTPI/Rebrip de Brazil, quien se refirió a la ley sobre licencias obligatorias en caso de emergencias sanitarias de Brasil y las expectativas sobre su aplicación; Javier Llamoza, miembro de la Alianza LAC Global por el acceso a medicamentos, quien habló sobre la campaña para el uso de licencia obligatoria en el Perú para el medicamento atazanavir; Claudia Vargas, directora de la Fundación IFARMA, quien abordó el tema de las solicitudes de licencias obligatorias en Colombia, y Sean Flynn, del American University Washington College of Law, quien habló sobre la relación entre las flexibilidades del derecho de autor y el acceso a tecnologías en salud.


 
El primer día del Congreso cerró con una conferencia sobre la legislación y el estado del uso de las licencias obligatorias y el uso público no comercial en América Latina, a cargo de Guillermo Vidaurreta, sub-director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La exposición se basó en los resultados del estudio elaborado por el Dr. Vidaurreta para el South Centre y publicado recientemente en forma de libro: Uso Público No Comercial y Licencias Obligatorias en América Latina: Estado de Situación.   


 
El segundo y tercer día del Congreso trató diversos temas sobre derechos colectivos, derechos de autor, conocimiento tradicional, libertad de expresión y ciencia abierta. 
 
Una conferencia trató el tema sobre Cómo Proteger el Conocimiento Tradicional (CT), a cargo de Viviana Muñoz Téllez del South Centre. Se discutieron las dimensiones legales de la protección de CT, tales como la protección jurídica frente a usos no autorizados y la apropiación indebida de los CT, medidas para preservar los CT de pérdida o desaparición (p. ej. catalogar y registrar los sistemas de CT, obligación de salvaguardar y conservar los CT), así como la posibilidad de desarrollar sistemas sui generis de protección y experiencias en la región y el estado de discusiones en foros multilaterales.


 
El programa del evento y el listado de participantes se encuentra disponible en la página https://sites.google.com/view/gccartagena2021/inicio.

Autor: Viviana Muñoz Téllez, Coordinadora del Programa en Salud Publica, Propiedad Intelectual y Biodiversidad del South Centre

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