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Boletín: situación de desplazamiento interno forzado en México

CMDPDH

ENERO 2022

Daños irreparables y riesgo inminente a la vida e integridad de comunidades tsotsiles de Aldama, Chiapas; nuevo desplazamiento por intolerancia religiosa en Oaxaca; desplazamientos generados por grupos armados en Michoacán y en Chihuahua; avances legislativos en Coahuila; matrimonio forzado y desplazamiento de menores de edad en Guerrero; autoridades municipales de Tepalcatepec, Michoacán, rebasadas ante la situación de desplazamiento interno; instalan Mesa Interinstitucional sobre Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa.
 

Monitoreo permanente

Contexto

El 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, en Chiapas, a través de las cuales solicitó al Estado mexicano adoptar medidas de seguridad culturalmente pertinentes para proteger la vida e integridad de los habitantes de dichas comunidades, tomando en cuenta “la situación de riesgo que enfrentaban en el marco de un contexto [de] violencia sostenida que incluía actos de agresiones, hostigamiento y amenazas de parte de grupos armados” y “los impactos y las serias afectaciones a los derechos de las personas beneficiarias generados por el desplazamiento fuera de sus comunidades”.

La situación de violencia que afecta a las comunidades de Aldama tiene origen en el conflicto territorial histórico entre este municipio y la comunidad de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, el cual ha causado el desplazamiento de cientos de familias tsotsiles. Desde 2018, cuando más de 2,000 personas fueron obligadas a desplazarse tras una serie de ataques armados provenientes de Santa Martha, comunidades tsotsiles de Aldama han vivido en situación de desplazamiento intermitente, viéndose obligadas a escapar y refugiarse en las montañas y alrededores cada vez que se intensifican los constantes ataques armados, como ocurrió en noviembre pasado.

A pesar de las medidas de asistencia humanitaria, resolución de conflictos, investigación criminal y seguridad implementadas por el Estado mexicano para atender esta situación, la violencia persiste y sigue generando daños irreparables: entre el 7 y el 10 de enero de 2022, se registraron 49 ataques con arma de fuego en contra de ocho comunidades y de la cabecera municipal de Aldama, tras los cuales un joven de 21 años falleció y un hombre de 32 años resultó herido.

En su último informe de seguimiento sobre el caso de Aldama publicado en diciembre, tras analizar la información remitida por el Estado y por la representación de las personas beneficiarias, la CIDH había manifestado su preocupación sobre la persistencia de hechos de violencia con disparos de armas de fuego de alto calibre y determinado que “las medidas implementadas no resultan suficientemente efectivas para mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias dada la persistencia de hechos de violencia en contra de estas, así como la continua presencia de grupos armados en las cercanías de las comunidades”. Por lo anterior, el organismo consideró que los factores de riesgo permanecían vigentes y, por tanto, decidió mantener las medidas cautelares.

Ante la persistencia de los ataques y los trágicos hechos ocurridos en enero, es imprescindible actuar de manera inmediata para proteger la vida e integridad de la población en riesgo por la violencia en la región entre Aldama y Chenalhó. Para esto, es fundamental que se fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno y se movilicen los recursos necesarios para implementar medidas y estrategias oportunas, culturalmente adecuadas y eficaces.

Nuevos desplazamientos


Durante el mes de enero, hubo al menos tres eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia en México, los cuales desplazaron a un estimado de 30 personas en el estado de Oaxaca y un número indeterminado de personas en los estados de Michoacán y Chihuahua.

Debido a un conflicto comunitario de carácter religioso,
seis familias indígenas mixes fueron expulsadas de San Pedro Chimaltepec, en el municipio de San Juan Mazatlán, en Oaxaca. Antes de ser obligados a desplazarse junto con sus familias, al menos seis hombres de religión evangélica fueron detenidos arbitrariamente por autoridades locales y mantenidos incomunicados. Una situación similar había ocurrido en noviembre, cuando un hombre fue detenido y luego expulsado de la comunidad con su hija y su esposa, quien estaba embarazada, por motivos religiosos. Se reportó que en total son 30 personas —entre las cuales hay niñas/os y personas adultas mayores— de San Pedro Chimaltepec las que se encuentran en situación de desplazamiento interno.

A mediados del mes, se llevaron a cabo ataques con armas de alto calibre y artefactos explosivos lanzados desde drones a varias comunidades del municipio de Tepalcatepec, en Michoacán, los cuales fueron atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras los ataques,
se reportó el desplazamiento de habitantes de comunidades como El Bejuco y La Romera, donde al menos una persona resultó herida y varias viviendas fueron dañadas. A pesar de declaraciones recientes de la presidenta municipal y del Ejército sobre la existencia de miles de personas desplazadas en el municipio, no se difundió información específica sobre el número de desplazamientos generados por los hechos de violencia de enero.

Habitantes de la comunidad San José del Rincón, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, denunciaron que personas armadas
los amenazaron y obligaron a abandonar sus hogares. Debido a que les dieron muy poco tiempo para dejar la comunidad y a sus escasos recursos, familias desplazadas tuvieron que refugiarse en la sierra a la intemperie. Cuando elementos del Ejército se trasladaban a la comunidad en respuesta a la denuncia de las familias desplazadas, fueron atacados por personas armadas, lo cual detonó un enfrentamiento que resultó en la muerte de una persona.


¿Qué más ocurrió en enero?

Ante la presencia de representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el Secretario General de Gobierno de Guerrero se reunió en la Ciudad de México con representantes de familias desplazadas de Leonardo Bravo y Zitlala que permanecían acampadas en esta ciudad. Las familias desplazadas, acompañadas por la directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, solicitaron la implementación de medidas de seguridad y ayuda humanitaria, incluyendo alojamiento, alimentación y atención en salud para las personas adultas mayores y niñas/os, así como la incorporación de más de 100 familias al proyecto piloto ofrecido por el gobierno federal.

 

Chiapas

  • 250 personas desplazadas desde mayo de 2016 del Ejido Puebla, en Chenalhó, continúan asentadas en San Cristóbal de Las Casas. Relatan que la condición de desplazamiento les ha impedido el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a una alimentación suficiente y adecuada. Dado que no existen condiciones para un retorno digno y seguro ni se ha implementado una estrategia integral para su reubicación, las familias desplazadas viven en un escenario de incertidumbre y mencionan que subsisten con el apoyo de la sociedad civil.

 

Coahuila
  • El Congreso Estatal aprobó, mediante un decreto, la Carta de Derechos Civiles de Coahuila de Zaragoza, la cual incluye disposiciones dirigidas a personas en situación de desplazamiento interno y será de observancia obligatoria.
    • La Carta, cuyo objetivo es reconocer y garantizar los derechos civiles en el ámbito local, menciona el deber de las autoridades locales de no criminalizar a las personas desplazadas internamente y de proteger y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, incluidos los derechos a solicitar asilo; a la no discriminación; a circular libremente; a ser protegidas contra actos ilícitos o violentos, en particular aquellos con motivos discriminatorios; a recibir un trato justo, imparcial y equitativo y a no ser víctimas de abuso y de explotación laboral, económica y sexual.

    • El Congreso Estatal cuenta con un plazo de 240 días a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial para hacer todas las adecuaciones correspondientes a las normas estatales. 

Guerrero

  • El gobierno estatal reconoció que todavía no existen condiciones para que las personas desplazadas en enero de 2020 del pueblo mezcalero de Zihuaquio, en Coyuca de Catalán, puedan retornar de manera permanente a sus hogares. Sin embargo, el Secretario General de Gobierno del estado afirmó que las condiciones actuales han permitido que algunas familias regresen momentáneamente a Zihuaquio a ver sus propiedades. Las familias desplazadas permanecen refugiadas en Vallecitos de Zaragoza, en el municipio de Zihuatanejo, donde, en respuesta a una solicitud que realizaron en diciembre, volvieron a contar con la presencia de la Guardia Nacional.
  • Tras haber sido encarcelada por autoridades comunitarias a pedido de su suegro y abusada sexualmente por este, una menor de edad víctima de matrimonio forzado se vio obligada a huir de su comunidad indígena en el municipio de Cochoapa El Grande junto con sus padres. Este no es el primer caso de matrimonio forzado de menores de edad de la comunidad que resulta en desplazamiento.
     

Michoacán

  • Durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, realizada el 5 de enero en Apatzingán, la alcaldesa de Tepalcatepec señaló que en los últimos meses más de 3,000 personas se habían visto forzadas a abandonar sus hogares en su municipio y pidió el apoyo de las autoridades estatales para actuar frente a la situación de violencia y atender a las personas desplazadas. En entrevista al Universal a finales del mes, la alcaldesa precisó que ya serían más de 3,600 las personas desplazadas en la cabecera municipal y declaró que el municipio ya no cuenta con capacidades para atenderlas.
     

Oaxaca

  • A principios del mes, la Diputada Haydeé Irma Reyes Soto presentó una proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se “exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, implementen programas de capacitación en materia de derechos humanos, dirigidas a todas las Autoridades Municipales, con la finalidad de promover el respeto a las creencias religiosas dentro de sus comunidades y así evitar conflictos de intolerancia religiosa que puedan resultar en actos de opresión, discriminación, desplazamiento forzado e incluso, en pérdida de vidas humanas”.
  • Dos semanas después, junto con la Diputada Dennis García Gutiérrez, la Diputada Reyes Soto presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado que añade al delito de discriminación conductas relacionadas con la intolerancia religiosa y determina que dicho delito será perseguido de oficio. 

  • Entre 2011 y la primera quincena de diciembre de 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca registró al menos nueve expedientes relacionados con desplazamientos causados por intolerancia religiosa.

Sinaloa

  • Se instaló la Mesa Interinstitucional sobre Desplazamiento Forzado Interno, en la cual participan dependencias del ejecutivo estatal, instituciones descentralizadas del gobierno, representantes de agencias de la Organización de las Naciones Unidas y grupos de la sociedad civil. 
  • El Congreso Estatal etiquetó 60 millones de pesos para atender a las personas desplazadas internamente durante el 2022. El Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) espera que parte del presupuesto sea utilizado para la construcción de viviendas para personas desplazadas en Mazatlán, Villa Unión, Concordia y El Rosario. 

Recomendaciones

Si te interesa la situación de desplazamiento interno en México y en el mundo, te invitamos a:

        Leer

       Ver
  • >> el video Desplazamiento forzado: Guatemala, sobre las 111 familias que fueron desalojadas y desplazadas de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento guatemalteco del Petén, y desde 2017 viven una grave crisis humanitaria en la frontera con México.

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Eva Patricia Avilés Gómez
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