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Boletín: situación de desplazamiento interno forzado en México

CMDPDH

Junio 2022

Se aprueba Ley especializada en Zacatecas; ACNUR presenta informe de tendencias globales, 2021; UNICEF presenta informe sobre situación de desplazamiento interno de NNA en México; nuevos desplazamientos por violencia en Chihuahua; Comisión de Vivienda aprueba dictamen para brindar apoyos en materia de vivienda social; COEPI Chihuahua ha atendido a más de 700 personas indígenas desplazadas; son publicados diversos documentos sobre desplazamiento interno en México.
 

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Contexto

El martes 28 de junio el Congreso de Zacatecas aprobó, con 20 votos a favor y uno en contra, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno. De acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa de Ley presentada por el Dip. José David González Hernández del grupo parlamentario del PRI, en la entidad existen al menos 10,000 personas afectadas por el desplazamiento interno, principalmente en los municipios de Fresnillo, Jerez, Monte Escobedo, Tepetongo y Valparaíso, situación que dio lugar a la presentación de dicha iniciativa de Ley y a su posterior aprobación. Con la finalidad de fortalecer el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en Zacatecas, la creación de este marco normativo busca responder a las necesidades actuales que enfrenta la población, establecer las bases para solucionar la problemática y garantizar la atención y protección a las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Aunque la Ley aún no ha sido publicada, prevé establecer directrices en materia de prevención y atención a la población desplazada interna, crear un Registro Estatal de Personas Desplazadas, así como un Fondo Estatal de Contingencia

Con la aprobación de esta Ley, ya son cuatro las entidades de la República que cuentan con una legislación especializada para prevenir y atender el desplazamiento interno forzado: Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas.


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados publicó su reporte anual Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2021, en el que informó que, a finales del 2021, 89.3 millones de personas en el mundo se encontraban desplazadas por la fuerza debido a la violencia, la persecución, los conflictos, las violaciones a los derechos humanos, así como por las situaciones que alteraron gravemente el orden público. Esta cifra que incluyó a 53.2 millones de personas desplazadas internas, 27.1 millones de personas refugiadas, 4.6 millones de personas solicitantes de asilo y 4.4. millones de personas venezolanas desplazadas en el extranjero, ha sido la más alta desde que se tiene registro, 8% más elevada que la cifra de 2020 y más del doble de la reportada hace diez años.  

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó el informe “Es mucho daño el que yo tengo”. Niños, niñas y adolescentes desplazados forzados internos en la frontera norte de México” el cual, a partir de entrevistas cualitativas, identifica, caracteriza y analiza la situación de desplazamiento interno forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) y sus familias, quienes se encontraban en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, Baja California, a la espera de solicitar asilo en Estados Unidos. Además de ofrecer datos sobre las causas, los estados de origen y el perfil de la población estudiada, el informe presenta información sobre las condiciones de vida, las necesidades y los diversos impactos en materia de seguridad, educación, salud, entre otros, que NNA han tenido que enfrentar durante el desplazamiento,  así como recomendaciones dirigidas hacia los tres nivel de gobierno y hacia otros actores que se encuentran involucrados en la respuesta a la problemática. 

Nuevos desplazamientos y actualizaciones

En junio ocurrieron al menos cuatro episodios de desplazamiento interno masivo causados por violencia en el país en el estado de Chihuahua. El primero fue detonado por los enfrentamientos registrados en varias localidades del municipio de Guadalupe y Calvo entre grupos armados organizados provocando que al menos 40 familias de la localidad de Santo Domingo huyeran de sus hogares.

El segundo se registró en la localidad de San Juan Guacayvo, municipio de Bocoyna, donde
30 familias se vieron obligadas a dejar sus hogares debido a las agresiones y amenazas que sufrieron por parte de grupos criminales. Las familias, pertenecientes al grupo indígena rarámuri, se refugiaron en casas de familiares y amigos, y han recibido apoyo de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).  


El tercer episodio ocurrió en el municipio de Uruachi donde 45 personas abandonaron sus hogares debido a las amenazas recibidas entre mayo y junio. De esas 45, al menos 15 personas de la localidad Las Trojas lo hicieron en el mes de  junio, de acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.  

El cuarto ocurrió en el municipio de Urique entre los meses de mayo y junio, y fue detonado por el temor fundado ante la actuación de grupos armados organizados, obligando a que 22 personas pertenecientes a 5 familias abandonaran sus hogares. 


¿Qué más ocurrió en junio?

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de  una iniciativa en materia de programas de vivienda social para apoyar a víctimas de desplazamiento forzado, así como a los mexicanos que están retornando al país. 

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores del PRD presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a las comisiones estatales de Derechos Humanos y a los gobiernos estatales, la elaboración de un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno en  el país y el desarrollo de un plan nacional para frenar la problemática. 

Finalmente, el Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado volvió a urgir al Senado de la República la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y,  solicitó a los Congresos estatales realizar un extrañamiento conjunto al Senado para agilizar el proceso legislativo a nivel federal, así como la inclusión del tema en las agendas legislativas locales.


 

Chiapas

  • Familias zoques desplazadas de la comunidad de Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, están en espera de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 29 del estado de Tabasco dicte sentencia sobre su caso. El desplazamiento de las 35 familias ocurrió el 21 de noviembre de 2021 cuando un grupo armado de indígenas tsotsiles, con quienes se disputan la posesión de más de 2 mil hectáreas de tierra, los atacó. 


Chihuahua
  • El comisionado para los Pueblos Indígenas del estado señaló que hasta el momento su dependencia ha brindado atención a 771 personas indígenas desplazadas por grupos delincuenciales. Indicó que la atención que se les ha brindado incluye apoyos en vivienda, alimentación y salud, hasta el acompañamiento jurídico y el apoyo psicológico. De acuerdo con información de esta dependencia, el desplazamiento de personas se presenta con mayor frecuencia en los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Urique, Batopilas y Uriachi. 

Michoacán

  • Margarita López, diputada local y presidenta de la Comisión de Seguridad, dijo que hace cuatro meses se estableció un espacio temporal en Morelia para personas que huyen de sus hogares debido a extorsiones, amenazas o asesinatos de familiares. Son 43 personas las que se encuentran en este refugio en donde, además de un espacio para dormir, se les brindan alimentos y asesoría jurídica. Finalmente, señaló que los apoyos se gestionan con recursos privados, sin apoyo estatal. 

  • El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofadem), informó que existen más de 3 mil personas víctimas de desplazamiento interno en la entidad que han tenido que buscar a sus familiares desaparecidos. Aunque no se tiene un registro completo, la presidenta del Comité dijo que son 145 adultos y 125 menores de edad, quienes se han desplazado de un solo municipio.
 
Oaxaca
  • Después de haber sido cancelado el retorno de las familias indígenas triquis desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, el cual había sido programado el 15 de mayo, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), mediante un pronunciamiento, dieron a conocer que si los tres niveles de gobierno continuaban sin reanudar las mesas de negociación para llevar a cabo el retorno, encaminarían una caravana independiente para regresar a su comunidad, advirtiendo que serían las autoridades gubernamentales las responsables de cualquier problema en materia de seguridad que pudiera surgir. 

  • Personas desplazadas en junio de 2020 de la comunidad Guerrero Grande en el municipio de San Esteban Atatlahuca,  se reunieron con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para demandar la reparación del daño, la restitución de tierras, garantizar su derecho a la salud, educación, seguridad y alimentación, solicitar un plan de reubicación y exigir justicia para los muertos y desaparecidos durante su desplazamiento.


Zacatecas
  • El Parlamento Campesino, organización que ha acompañado a las personas desplazadas del municipio de Jerez, a través de una conferencia de prensa reprochó los informes oficiales que señalaron como “seguras” a las poblaciones de ese municipio que fueron abandonadas por la violencia que se vive en la región. Indicaron que estas declaraciones podrían provocar el retiro del Ejército Mexicano de la zona a pesar de que las actividades de los grupos criminales y  la inseguridad persiste y, con ello, frustrar el retorno de las personas a sus comunidades

  • Durante el foro sobre violencia, desplazamiento forzado y migración realizado en el Congreso del estado, personas del sector académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas señalaron que, además del desplazamiento interno causado por la violencia generada por el crimen organizado, la población se ve obligada a huir por “otras violencias” provocadas por empresas trasnacionales mineras como ocurre en el caso de los municipios de Mazapil y Chalchihuites. 

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🎬 Para ver

ESTE BOLETÍN FUE ELABORADO CON EL APOYO FINANCIERO DEL ACNUR
Conoce nuestro informe anual más reciente sobre desplazamiento interno masivo causado por violencia.
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Eva Patricia Avilés Gómez
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