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Día de las Personas Migrantes
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Boletín Enero 2017
PBI-México

 
Estimadas y estimados integrantes de la red de apoyo,
Un saludo cordial desde el Proyecto México de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés). Como cada mes, les enviamos nuestro Boletín Mensual con noticias sobre el trabajo de PBI en México, la situación de los defensores y las defensoras que PBI acompaña y otros asuntos relativos a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Alberto Xicotencátl, Casa del Migrante Saltillo
Entrevista a Alberto, de la Casa del Migrante de Saltillo
El Día Internacional de los Migrantes se celebra anualmente el 18 de diciembre para reconocer los esfuerzos, contribuciones y derechos de los migrantes en todo el mundo.. Esta entrevista retrata a Alberto Xicotencátl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado de Coahuila, Norte de México; quien nos cuenta sobre la situación de elevado riesgo que enfrentan quienes se dedican a la defensa de los derechos de personas migrantes en el norte de México.

Descubra cómo apoyar el trabajo de PBI en México aquí: bit.ly/apóyanos.

DESTACADO

A nivel nacional e internacional condenan asesinatos de periodistas en México

El 10 de diciembre, el periodista Jesús Adrián Rodríguez fue asesinado en la ciudad de Chihuahua. A la luz de este hecho, diversos organismos han expresando su preocupación respecto a la situación de violencia general y a la situación específica de riesgo de personas defensoras y periodistas tanto en el estado de Chihuahua como en México.
A nivel internacional, UNESCO, ONU-DH, CIDH, la delegación y las embajadas de los estados miembros de la Unión Europea en México,  y la Sociedad Interamericana de Periodistas (SIP) -entre otras- condenaron el asesinato del periodista y solicitaron una adecuada investigación, al mismo tiempo manifiestan preocupación porque el hecho se suma a los entre 11 y 14 asesinatos de periodistas que han ocurrido en México durante el 2016. A juicio de los organismos mencionados, este patrón afecta directamente al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, generando además un clima de temor en quienes ejercen el periodismo y en la sociedad en general. Otra de las preocupaciones manifestadas por los organismos internacionales es que estos hechos se producen a pesar de la existencia de acciones desde el nivel federal y estatal que se han creado para garantizar la protección de periodistas y personas defensoras. Cabe recordar que a nivel federal, en el año 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y -a nivel estatal- en Chihuahua se adoptó una alerta temprana reconociendo al gravedad de estos hechos.
Como marco general, la organización Artículo 19 recordó que el número de periodistas asesinados durante 2016 ha superado los del 2015 y que a estas cifras acompaña otros tipos de ataques y de forma preocupante la impunidad en la mayoría de estos casos.


Estado Mexicano reconoce su obligación de garantizar respeto a DDHH de periodistas y personas defensoras

Durante la presentación del informe anual del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la evaluación de los años 2012 a 2016, se mostraron los avances y retos del mismo. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González, señaló un incremento del número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras y periodistas, lo cual demostraría la necesidad de fortalecer las tareas de prevención, protección y procuración de justicia. En la misma línea, la titular del Mecanismo de Protección, Patricia Colchero, reconoció que está pendiente mejorar la implementación de las medidas de protección.
Los organismos de la sociedad civil expusieron que el Mecanismo de Protección, no sería necesario si la impunidad en los casos no fuera de hasta un 98%, y pidieron que los beneficiarios puedan participar más en la elaboración de su análisis de riesgo y en la definición de sus medidas de protección. Todo esto sin excluir que la conclusión sigue siendo que el mejor mecanismo de protección es la prevención.
Durante su presentación, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, manifestó el reconocimiento a la labor que personas defensoras y periodistas realizan en México y el rechazo categórico a cualquier agresión que busque limitar sus garantías. Días después, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas señaló que todas las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, deben rehusar cualquier acto de intimidación o agresión hacia las personas defensoras y periodistas, velar por su protección, y asegurar que quienes vulneren sus derechos sean llevados ante la justicia.
PBI saluda estos reconocimientos públicos, ya que ha expresado reiteradamente la necesidad de que una estrategia de seguridad hacia Personas Defensoras y Periodistas debe incluir un reconocimiento público de su labor. Junto a ello, reitera la necesidad de seguir mejorando las prácticas de análisis de riesgo y la cooperación a nivel estatal y local. PBI continuará dando seguimiento a la implementación de avances y mejoras del Mecanismo, en su rol de acompañamiento al Espacio OSC.


         Subsecretario de DDHH de la Secretaría de Gobernación, en presentación del Informe del Mecanismo @PBI México

EQUIPO SUR

Consorcio Oaxaca presenta ante autoridades federales casos de detención arbitraria

A finales de noviembre, la organización oaxaqueña Consorcio Oaxaca se desplazó a la Ciudad de México junto a familiares de víctimas de detención arbitraria, con el objetivo de presentar sus casos ante autoridades federales, entre las cuales se encuentran Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; y Erasmo Alonso Lara Cabrera, Director de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En estas, exigieron la liberación inmediata de las personas detenidas, petición que ha sido respaldada por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México en una campaña de acción. Asimismo, PBI acompañó a Consorcio y a familiares de Damián Gallardo a una reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián de la Secretaría de Gobernación. Los casos presentados han suscitado opiniones oficiales emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en ellas declaran que estas cinco personas se encuentran detenidos ilegalmente y de forma arbitraria y que los procesos penales que enfrentan han sufrido varias irregularidades. De los cinco casos a los que se ha hecho referencia, tres continúan en prisión, ellos son Librado Baños Rodríguez, Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña. Consorcio declara que “las detenciones de las cinco personas presentan un patrón similar de detención arbitraria, incomunicación, tortura, entre otras violaciones”.
En el marco general, según ACUDDEH, entre junio 2015 y mayo 2016, el número de personas detenidas arbitrariamente aumentó hasta 497 (38 casos más que en el período anterior). De acuerdo a la documentación, el 68% de estas personas estaban involucradas en las protestas contra la reforma educativa y 11% en el caso Ayotzinapa. Esta modalidad de criminalización de la protesta social ha sido resaltada por diversos organismos de derechos humanos y ha implicado su atención con el fin de evitar el cierre de espacios de actuación para la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Frente a este tema Consorcio, en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil, elaboró un informe sobre “detenciones arbitrarias e ilegales”, y calificó este fenómeno como “una práctica nacional, donde Oaxaca va a la vanguardia."

CNDH y ONU-DH: “dramática” situación de derechos humanos en el estado de Guerrero

Los días 6 y 7 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizaron una visita conjunta a Chilpancingo y a Chilapa, estado de Guerrero. La visita se realizó en un contexto de violencia que según varias fuentes azota a la entidad y que ha dejado como consecuencia una fuerte crisis de derechos humanos en la que destaca el fenómeno de la desaparición forzada y su vinculación con la criminalización de la protesta social. Durante la visita, la misión ha mantenido reuniones con diversos actores, entre ellos autoridades estatales. También realizaron encuentros con familiares de víctimas de desaparición y con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quienes dieron su testimonio directo de la realidad que enfrentan y del riesgo al que se exponen ante la crudeza de la desaparición forzada en la entidad. En estos encuentros PBI estuvo presente.
Al finalizar la Misión, ambas instituciones reafirmaron su preocupación por “la situación de inseguridad en el Estado, la impunidad en que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente las desapariciones, la falta del acceso a la justicia, la reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, y el desplazamiento forzado interno”. Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, calificó la situación como drámática. Por su parte las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de familiares resaltaron a lo largo de estas reuniones que esta visita demuestra la preocupación internacional sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Guerrero y la necesidad urgente de que el gobierno de la entidad y del país pueda dar solución a las demandas ya expresadas.

Voluntarias de PBI en encuentro de Sociedad Civil con Misión Conjunta CNDH/ONU-DH en Guerrero @PBI México


Sociedad Civil analiza situación de derechos humanos en Oaxaca de cara al cambio de Gobierno

El 5 de diciembre de 2016, en el marco del cambio de gobierno en el estado de Oaxaca, más de 20 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña, entre ellas las organizaciones acompañadas por PBI, Educa y Consorcio Oaxaca, manifestaron una profunda preocupación por los altos niveles de corrupción, inseguridad, violencia e impunidad registrados en la entidad en el último tiempo y de la situación que se proyecta en el estado. Este mismo escenario ya había sido destacado a finales del mes de noviembre en un espacio convocado por PBI entre organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña y la Embajada de Canadá, en dicha ocasión, las OSCs presentaron sus impresiones en cuanto a la situación de derechos humanos que se ha vivido en el estado, y temas como megaproyectos, violencia contra la mujer, situación de personas defensoras, derechos de los pueblos indígenas. Además, en dicha instancia dieron a conocer sus inquietudes y prioridades respecto a las políticas de derechos humanos de cara a la nueva gobernación.
Dentro de las preocupaciones expuestas por la sociedad civil, destacan los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Hacienda Blanca, Viguera, Huitzo y Telixtlahuaca y la falta de avances significativos en la investigación luego de más de 6 meses de ocurridos los hechos, dichas preocuapciones han sido expuestas en el informe “Operativo Oaxaca”, elaborado por organizaciones de la Sociedad Civil.

EQUIPO NORTE

III Caravana por la Justicia denuncia violencia y violaciones a los derechos de pueblos indígenas en Sierra Tarahumara

La Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara surge el 2014 con el objetivo de dar visibilidad nacional e internacional a la vulneración de derechos que afectan a las comunidades indígenas en esta zona del país. En su tercera versión realizada a inicios de diciembre de 2016, reunió a miembros de 8 comunidades indígenas de los pueblos Rarámuri y Ódami, quienes se trasladaron a la Ciudad de México para dar a conocer las conclusiones del informe Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, elaborado por la Red en Defensa de Territorios Indigenas de la Sierra Tarahumarav y que enfatiza la situación de violencia en la Sierra Tarahumara, la problemática del despojo, el desplazamiento y las violaciones sufridas por personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, misma situación que ha sido reconocida por actores internacionales como la CIDH en su informe 2015 sobre pueblos indígenas.
La Caravana se reunió con autoridades federales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el Senado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; así como con representantes en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH). El recorrido finalizó en Chihuahua en reunión con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, demandando el cumplimiento de la sentencia de la SCJN de marzo de 2012, que ordenó la creación de un Consejo Consultivo de Fideicomiso Barrancas del Cobre, uno de los proyectos turísticos que según la Red más ha afectado a las comunidad indígenas en la Sierra Madre. Por su parte, el gobierno estatal, se comprometió a acompañar a las víctimas amenazadas de muerte y desplazados.
PBI acompañó a la Caravana en algunas de estas instancias en la ciudad capital, esto, como parte del acercamiento a las problemáticas de las personas defensoras en dicho territorio en el marco del trabajo que viene realizando en la región norte del país.


                               III Caravana Tarahumara en Reunión con el Senado de la República @PBI México


Aprueban Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense en el estado de Coahuila

En el mes de diciembre, integrantes de PBI se desplazaron al estado de Coahuila. Dentro de las actividades realizadas, el 10 de diciembre estuvimos presente en la Audiencia entre el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdéz, y el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M), quienes el mismo día celebraron su séptimo aniversario. Durante la Audiencia, miembros de FUUNDEC-M destacaron que no han habido resultados en la localización de personas desaparecidas de la organización, pero que los avances en materia legislativa son esenciales para crear las bases estructurales que garanticen los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares. La propuesta de Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense presentada contó con la participación de cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, organizaciones locales de derechos humanos, autoridades, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH). La Ley fue finalmente aprobada el 13 de diciembre de 2016.
PBI saluda la promulgación de esta Ley y destaca al igual que la ONU-DH la importancia de avanzar en su implementación. Como parte de su acompañamiento al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, PBI continuará dando seguimiento a los avances en materia de esta Ley, su aplicación y sus implicancias en temas de seguridad para las y los defensores en el estado, y se mantendrá atento a los avances en materia de desapariciones, problemática que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación de México, Roberto Campa Cifrián, ha reconocido como el “principal reto” que tiene México en materia de derechos humanos.


PBI realiza taller de seguridad e incidencia en Cloete, durante nueva visita a la Zona Carbonífera Caravana

En el marco de una gira en el estado de Coahuila, integrantes de PBI México realizaron del 13 al 15 de diciembre de 2016 un taller con integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos (OFPDC). El taller desarrollado por PBI forma parte del Programa de Asesorías en Seguridad y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y se enmarca dentro del acompañamiento de PBI a esta organización.El taller fue realizado en las oficinas de la organización en Cloete, Municipio de Sabinas, por lo cual implicó un nuevo desplazamiento de parte de nuestro equipo sobre el terreno. El objetivo del taller fue compartir herramientas de análisis en temas referentes a seguridad y protección, así como temas de incidencia para el fortalecimiento de la organización.
La Organización Familia Pasta de Conchos nace a partir de la lucha para el rescate de las 65 víctimas del derrumbe de la Mina 8, unidad Pasta de Conchos en 2006, y en la actualidad su trabajo se centra en la promoción de los derechos laborales de los mineros y el acompañamiento a comunidades de la región en la defensa de sus derechos a la salud, vivienda y medio ambiente sano. Por su trabajo de defensa de derechos humanos, integrantes de OFPDC, entre ellos su directora, la defensora Cristina Auerbach, han sufrido hostigamiento, amenazas y difamación. PBI acompaña a la organización y a su directora desde el año 2014, debido a la importante situación de riesgo que enfrentan.


     Voluntaria de PBI facilita Taller de Seguridad e Incidencia a integrantes de la Organización FPdC en Cloete @PBI México

 

OTRAS NOTICIAS

ONU: Lucha contra la impunidad, fundamental en la prevención de la tortura

Desde el 12 al 21 de diciembre, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó México. Durante este tiempo se trasladó a los estados de Baja California, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz. Las visitas se centraron en el análisis sobre el fenómeno de la tortura y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, para lo cual se reunió con personas privadas de libertad, autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al finalizar su visita, el órgano de prevención de la tortura de la ONU manifestó que la efectiva lucha contra la impunidad es una de las medidas preventivas más eficaces que pueden adoptarse contra la tortura y los malos tratos, y por tanto exhortó al Estado Mexicano a focalizarse en la lucha contra la impunidad, ya que se identifica una desproporción entre los más de 4700 investigaciones abiertas relativas a tortura a nivel federal según cifras oficiales y el número de sentencias a perpetradores.
Otro elemento destacado por el grupo de expertos fue la necesidad de una Ley General en materia de Tortura, en conformidad con los estándares internacionales pertinentes, lo cual ha sido ampliamente relevado por la sociedad civil y compartido por la oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en México.

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Paula González Figueroa
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