N° 62-  30 de octubre de 2013.
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Entrevista de Marcelo Longobardi a Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín, en radio Mitre.
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Entrevista de Chiche Gelblung a Martín Etchevers en Radio 10.
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Entrevista de Hugo Grimaldi a Martín Etchevers por Radio El Mundo.
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Las recomendaciones de la Corte que no se cumplen

En un comunicado, la Corte estableció varias recomendaciones para la aplicación de la ley como la independencia política del AFSCA, la distribución igualitaria de la publicidad oficial y la aplicación igualitaria de la ley, todos criterios que el gobierno desconoce.

TRANSPARENCIA DE LA PAUTA

Qué dijo la Corte: "La ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial".

Qué hace el Gobierno: el Gobierno utiliza la distribución de la publicidad oficial como una herramienta para subsidiar a los medios alineados con el “relato” kirchnerista y castigar a los que son críticos de la gestión gubernamental. Pese a que los legisladores de la oposición presentaron numerosos proyectos en el Congreso para regular cómo debe ser su distribución, el kirchnerismo siempre se opuso; así como el Gobierno incumplió los fallos de la Justicia que le ordenaron hacer una distribución equitativa entre medios de similares características. Editorial Perfil, a la que el kirchnerismo en el Gobierno se ha negado a otorgarle avisos, tuvo que ir a la Justicia para pedir una distribución equitativa de la pauta oficial. La empresa logró en marzo de 2011 que la Corte Suprema dicte un fallo, que le ordenó que el Gobierno “en el término de quince días disponga la distribución de publicidad oficial en la distintas publicaciones de la editorial amparista, respetando un equilibrio razonable con aquéllas de análogas características”. El Gobierno se niega a cumplir ese fallo, así como otro similar de la Cámara Federal respecto a Canal 13.

EL REPARTO DE LA PUBLIDAD

Qué dijo la Corte: "El Estado afecta la libertad de expresión si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada".

Qué hace el Gobierno: los medios alineados con el Gobierno, como los grupos Szpolski-Garfunkel y González González (Canal 9 y FM Aspen), pasaron de recibir $1,7 millón y $4,1 millones, en 2006, a $93,2 millones y $55,7 millones, en 2011 -último año completo con información oficial-. Desde que lo compró el empresario mexicano Angel González González, en 2007, Canal 9 alineó su noticiero con el de Canal 7 y pasó a emitir programas oficialistas, como TVR, Duro de Domar, Bajada de Línea y uno del secretario de Cultura, Jorge Coscia. En simultáneo, se produjo la situación inversa con el Grupo Clarín y el diario La Nación, que en 2006 tuvieron $35,3 millones y $8,8 millones en publicidad oficial; y en 2011 cayeron a $4 millones y $0,8 millón, respectivamente. Además, la caída del 35% en la pauta a los medios del Grupo Hadad en el primer semestre de 2012, luego de bajar un 33% el año anterior, sirvió de mensaje a su dueño para decidir vendérselos al empresario K Cristóbal López, pese a que la ley de medios prohíbe las transferencias.

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS

Qué dijo la Corte: "La Corte no tiene la función de establecer si la ley 26.522 se adecúa a los avances tecnológicos, si es obsoleta, incompleta o inconveniente, o si es la mejor posible. Esa es función del Congreso".

Qué hace el Gobierno: la ley de medios establece que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debe concursar todas las licencias de televisión. Pero no contempla de manera específica a la televisión digital de aire. Eso dio lugar a que el Gobierno entregue más de 30 canales en forma directa, discrecional y sin concursos, bajo la excusa que se trata de un servicio experimental, que no requiere licencias para ser prestado. Tampoco Internet está en la ley. A contramano de la tendencia internacional, la ley de medios no contempla la convergencia tecnológica entre televisión por cable, industrias culturales y telecomunicaciones, dividiendo regulatoriamente lo que la tecnología une. En ese sentido, bloquea la competencia de los operadores de TV por cable con las telefónicas, sobre todo en acceso a Internet, ya que le fija a Cablevisión un límite de cobertura en 24 ciudades, mientras que Telefónica y Telecom pueden dar su servicio en todo el país. Esto provocará una mayor concentración de Internet en manos de las telefónicas dominantes, que ya controlan la telefonía básica fija y móvil.

LOS MEDIOS DEL GOBIERNO

Qué dijo la Corte: "Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales".

Qué hace el Gobierno: Pese a levantar como bandera la ley de medios, el Gobierno viola uno de los principales objetivos de Canal 7, que es “respetar y promover el pluralismo político”, tal como figura en el inciso B del artículo 121 de esa normativa. El programa 6-7-8, que produce Pensado Para Televisión (PPT) y se emite por Canal 7, se usa como un aparato de propaganda gubernamental, para ensalzar todos los actos de Gobierno y a sus funcionarios; mientras se denigra a los dirigentes políticos de la oposición, al igual que a los medios y a los periodistas que son críticos de la gestión gubernamental. En una sinergia inédita para la TV argentina, PPT emite en simultáneo los programas Televisión Registrada (TVR) y Duro de Domar, en Canal 9, donde replica los mismos informes sesgados que emite desde la TV Pública. Más allá de eso, las autoridades del Canal 7 no toleran que haya pluralismo y, por eso, no le renovaron su contrato al periodista Juan Miceli, por preguntar sobre el uso partidario de la ayuda en las inundaciones.

LA AFSCA

Qué dijo la Corte: "Es de vital importancia que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión".

Qué hace el Gobierno: AFSCA es utilizada políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner, que reemplazó en tres oportunidades al presidente del organismo, pese a que tendría que durar cuatro años en funciones. Desde octubre del año pasado, ese lugar lo ocupa el diputado kirchnerista -en uso de licencia- Martín Sabbatella. Todos sus funcionarios y más de 100 nuevos empleados que designó en su gestión provienen de su partido, Nuevo Encuentro, registrándose 80 de ellos en planillas para que les descuenten mensualmente el 8% del sueldo bruto que cobran en AFSCA como donación a Nuevo Encuentro, situación inédita en el organismo, ya que no había antecedentes de empleados de otros partidos que hicieran algo similar. Cuatro de los otros cinco directores de AFSCA pertenecen al Frente para la Victoria, mientras que el representante del radicalismo, recién asumió a fines de 2012; y el director propuesto por el Frente Amplio Progresista, Alejandro Pereyra, no pudo asumir por impugnaciones de sectores vinculados al kirchnerismo.

LA APLICACIÓN SIN DISCRIMINAR

Qué dijo la Corte: "En la aplicación de la ley deben respetarse: la igualdad de trato tanto en la adjudicación  como en la revocación de licencias,  no discriminar sobre la base de opiniones disidentes,  ajustarse a los requerimientos del debido proceso y garantizar el derecho al acceso de información plural".

Qué hace el Gobierno: la aplicación selectiva de la ley de medios es una constante en la actividad de AFSCA, a cargo de Martín Sabbatella. Pretende avanzar con la “transferencia de oficio” de los medios del Grupo Clarín, mientras le permite presentar su plan de “adecuación voluntaria” al Grupo Moneta. Además, aprobó la transferencia de todos los medios de Daniel Hadad al empresario kirchnerista Cristóbal López, como si hubiera sido parte del plan de adecuación a la ley de medios, pese a que esa normativa prohibe la venta de radios y canales de televisión. En el caso de Telefónica, permite que sea dueña de canales de televisión (Telefe), pese a que la ley impide a las empresas españolas ser titulares de emisoras de radio y TV, así como prohíbe a las empresas prestatarias de servicios públicos ser titular de licencias de servicios audiovisuales. Además, el decreto de privatización de la ex ENTel impide que las licenciatarias del servicio básico telefónico den servicios de “radiodifusión”, como la televisión abierta.

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