N° 118-  31 de octubre de 2014
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A un año del fallo de la Corte,
se caen todas las máscaras

El mismo miércoles en que se cumplía un año del fallo de la Corte Suprema por la ley de medios, el gobierno daba otra muestra escandalosa de su decisión de burlarlo y ratificaba que esa ley fue una excusa para avanzar sobre las voces críticas.
 
En efecto, mientras sigue desobedeciendo las condiciones que impuso la Corte para la aplicación de la norma (como el trato igualitario y el órgano de aplicación independiente), el gobierno lanzó un proyecto que busca modificar la ley, excluir de la misma a grupos aún no adecuados y seguir fortaleciendo el poder de empresas afines y extranjeras en el sector de las comunicaciones. Otra contradicción  abierta con el discurso “democratizador” y “diversificador” con el que viene disimulando sus verdaderas intenciones desde hace cinco años.
 
En efecto, el proyecto de ley de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favorece abiertamente a las empresas telefónicas en desmedro de sus competidores. Entre los artículos más polémicos, el proyecto habilita a las empresas de telefonía a brindar servicios audiovisuales, entre ellos radio y televisión abierta (que no tienen nada que ver con la pretendida “convergencia” de la que habla el gobierno), que le abren la puerta a Telefónica para conservar Telefe. Y les permite además brindar televisión por cable, incrementando su poder y desconociendo la exclusión que había promovido en 2009 la misma presidenta Cristina Kirchner en acuerdo con sectores de la oposición.
 
Este proyecto, sin embargo, va mucho más allá. Desde 1990, las empresas telefónicas son concesionarias de la única red pública que existe en la Argentina. Por esta concesión, que dura 99 años, las telefónicas tienen obligaciones, como compartir su infraestructura, y prohibiciones, como brindar video. Esta ley flexibiliza ambas cosas: equipara su red con las redes privadas y les abre la puerta a los servicios de video, sin límites territoriales como sí poseen los cables. O sea, les permite ganar más mercado de las telecomunicaciones por sobre el casi 70% que hoy ya tienen (ver cuadro abajo). Y a los cables, a los que desde hace años se les niega numeración, interconexión y frecuencias de celulares, se les interviene su red –privada- de hecho, buscando reducir aún más el 6% del que disponen (ver cuadro abajo). O sea, menos competencia y menos calidad de servicio para los usuarios en el mediano plazo.
 
En esta jugada del kirchnerismo se revela una de las causas secretas por la que AFSCA viene demorando el tratamiento del plan de adecuación de Telefe desde hace dos años.
 
Pero el caso omiso a la sentencia de la Corte no se agota ahí. En el fallo de octubre de 2013, el tribunal le exigió al gobierno que en la aplicación de esta ley, respete la igualdad de trato y no ejerza discriminación sobre la base de opiniones disidentes. Sin embargo, en el tratamiento de los planes sucedió lo contrario: un doble estándar permanente, con prórrogas, flexibilizaciones y excepciones para los grupos amigos (a los que se los deja compartir socios, familiares, señales, y miles de etcéteras). Y adecuación forzosa sin derecho de defensa para el Grupo Clarín, que presentó un plan rigurosamente ajustado a la ley.
 
La Corte exigió asimismo el funcionamiento de un órgano de aplicación técnico e independiente: la antítesis de lo que sucede hoy, con funcionarios que reivindican su obediencia ciega y su militancia ultrakirchnerista, que todos los días difaman y estigmatizan a uno de los grupos que deben controlar, que no tienen antecedentes profesionales en la materia y que actúan violentando los principios del debido proceso.
 
Finalmente la Corte exigió políticas transparentes en materia de publicidad oficial y que los medios públicos no se conviertan en espacios al servicio de intereses gubernamentales. Pero la pauta oficial continúa siendo utilizada para premiar a los medios amigos y castigar a los que no reproducen el relato K. Y los medios públicos sólo difunden la voz del Gobierno y permanecen siempre listos para difamar y hostigar a quién se atreva a discrepar. Hasta los propios empleados de Canal 7 lo denunciaron hace unos días.
 
Es obvio: lo que exigió la Corte está cada vez más lejos.





 
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