N° 119-  7 de noviembre de 2014
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Otra ley con doble discurso

Esta semana arrancó en el Senado el debate sobre el proyecto de ley “Argentina Digital”, que –con el pretexto de la convergencia- modifica la ley de medios, les permite a las empresas telefónicas brindar servicios audiovisuales e interviene las redes privadas, en un caso único a nivel comparado.
 
El mismo Gobierno que proclama hasta el cansancio un discurso supuestamente antimonopólico, promueve una ley para ampliar el negocio de las telefónicas, que concentran el 70% del mercado de las telecomunicaciones en el país, y que están respaldadas por negocios internacionales que las colocan en una situación de ventaja sideral en relación a cualquier otro grupo de comunicaciones de conformación local. 
 
Además, mientras el kirchnerismo habla de la necesidad de promover la competencia y mejorar la calidad del servicio digital, el proyecto dispone  la intervención de la red –privada- de los cableoperadores, que sólo cubren el 6% del mercado de las telecomunicaciones, lo que necesariamente terminará afectando en el mediano plazo la velocidad y calidad del servicio que estas empresas pueden brindan.
 
Otra paradoja del doble discurso: aunque el proyecto habla de “convergencia” y de “triple play”, la ley habilita a las telcos a dar televisión abierta y radio, que no van por cable y son esencialmente productores de contenidos, aunque el oficialismo dice que la norma no los regula. Más aún, los países que regularon en serio la “convergencia” lo hicieron con plazos escalonados y condiciones de competencia y penetración de mercado muy estrictas, lo opuesto a la “ley de la selva” que pregona el proyecto.
 
Las contradicciones con lo pregonado son evidentes: mayor concentración del mercado, alteración de las reglas de juego y un sospechoso tratamiento exprés del proyecto de ley oficial. Todos estos aspectos fueron destacados por los senadores de la oposición: Pino Solanas (de Proyecto Sur-UNEN) denunció que “la ley está hecha como anillo al dedo para Telefónica”. En el mismo sentido se expresaron el socialista Rubén Giustiniani, la cordobesa Norma Morandini y el radical Gerardo Morales que anticipó que "las telefónicas se van a comer a los cables y a las pymes del interior del país”. En la misma línea, se pronunciaron los diputados Ricardo Alfonsín y Laura Alonso. Mientras que, desde el ámbito empresarial, la iniciativa recibió el cuestionamiento de la Asociación Empresaria Argentina, desde dónde se destacó que la decisión de modificar la ley de medios y permitir que las empresas de telecomunicaciones puedan ofrecer el servicio de televisión paga, afecta el clima de negocios y debilita a la prensa independiente.
 
Incluso, las declamadas bondades del proyecto tampoco alcanzan para convencer a la tropa propia. El jefe del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, sorprendió cuando apuntó directamente contra Telefónica: “La empresa Telefónica no invirtió un peso en los 90”, dijo Pichetto. El senador K también expresó su preocupación por “la defensa del interés nacional y la presencia de numerosas empresas de cable y pymes”.
 
Demasiadas contradicciones e intereses ocultos en una ley que devela los verdaderos objetivos de quienes la impulsan.


 
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El relato ya no alcanza para disimular la impostura
Por Ricardo Kirschbaum

El Gobierno ha favorecido a Direct TV y ahora a Telefónica y Telecom, con el proyecto de ley que está enviando al Congreso. No hay que sorprenderse porque detrás de un discurso presuntamente "desmonopolizador" y democrático, otra vez está envolviendo en papel de regalo iniciativas que están muy lejos de ser lo que se proclama.

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Las trampas y pobrezas de la transición
Eduardo van der Kooy

El jefe de Gabinete refutó que el nuevo proyecto de ley tenga algo que ver con Clarín. Afirmó que el Gobierno no toma las decisiones pensando en este Grupo. Cualquier conocedor de la psicología casera podría decir que esa negativa trasluciría, con exactitud, la admisión de lo contrario.

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Freno judicial a la adecuación de oficio de Clarín

El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1, Horacio Alfonso, dictó una “medida cautelar interina” por la que suspendió la adecuación forzosa del Grupo Clarín que había sido ordenada por la mayoría kirchnerista de la AFSCA. 01/11/2014.

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  Dudas y secretos en la millonaria licitación de los celulares 4G

Una de las versiones que circula con fuerza y que fue reproducida por el sitio La Política Online es que el proyecto de ley de telecomunicaciones que el Gobierno mandó al Senado dos días antes de la licitación y que las habilita a dar TV por cable era la moneda de cambio que pidieron las compañías para traer dólares. 02/11/2014.

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El diario brasilero O Globo, publica la nota Foro Iberoamérica condena intervenção do governo argentino no ‘Clarín’, en la que informa sobre la posición del Foro Iberoamérica -integrado por ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos (Chile), Felipe González (España) y Julio Sanguinetti (Uruguay), que expresó su preocupación “ante un nuevo avance del gobierno argentino contra la libre expresión de ideas y la pluralidad de voces”.
 


 
El 4 de noviembre del 2014, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, solicitó al juez en lo Civil y Comercial Federal, Horacio Alfonso, que evalúe una sanción al Grupo Clarín por haber realizado "una notificación maliciosa", tras alcanzar una medida precautelar dictada por ese magistrado. También, acusó a Clarín de "hacer daño y prejuicio a la democracia" por haber demandado civilmente a los directores K de la AFSCA.
 
Evidentemente, para Sabbatella la defensa de los derechos ante la Justicia es atentar contra la democracia. Justamente lo contrario a lo que prevé la Constitución, que le da esa herramienta a los ciudadanos para defenderse frente a los abusos del gobierno de turno.  En primer lugar, la notificación enviada al AFSCA por parte del Grupo Clarín es sólo el cumplimiento de los pasos que marca el Código Procesal luego de la decisión de un juez. En este caso, darle aviso a la otra parte sobre la existencia de la misma. No se entiende cómo puede ser malicioso algo que ordena la ley y un magistrado. Salvo que Sabbatella esté considerando malicioso el accionar del juez, lo cual revelaría su intolerancia a cualquier decisión que no le sea funcional. Claramente antidemocrático. O salvo que la intención de Sabbatella tenga como objetivo presionar al juez para intentar hacer caer la medida precautelar que frena momentáneamente el avance de oficio sobre los medios del Grupo Clarín. Una medida basada en la gravedad y el trato discriminatorio evidente que reveló la adecuación forzosa del Grupo Clarín.

En segundo lugar, cuestionar una demanda judicial contra funcionarios públicos por los daños y perjuicios que causa su accionar abusivo e irregular, revela el mismo desprecio por la división de poderes y las garantías constitucionales. Frente a la arbitrariedad y la discriminación estatal, Clarín no tiene otro recurso que acudir a la Justicia, que es lo que viene haciendo desde que el kirchnerismo decidió poner todo el aparato estatal a hostigarlo y perseguirlo. Por otra parte, es casi un chiste que la misma semana en la que el Congreso tratará con urgencia el proyecto de ley de las telefónicas, que viola abiertamente artículos de la ley de medios con el fin de favorecer a grupos extranjeros y monopólicos, Sabbatella acuse a Clarín de causarle "daños y prejuicios a la democracia". Los daños los causó el mismo funcionario cuándo durante años le permitió a Telefónica evadir la ley de medios hasta esperar a que el Gobierna presentara una ley que les permitiera esto en forma legal. Mientras que al mismo tiempo, pretende avanzar de oficio sobre los medios de Clarín, que son de los pocos que se mantienen independientes y que ofrecen una voz distinta a la del Gobierno.
 
 
El 3 de noviembre del 2013, Mariana Moyano publicó una nota de opinión en el diario Página 12 titulada “El vínculo empresarial entre Paul Singer y Clarín” en la que a través de datos falsos, se intentan tejer nexos entre los fondos buitre de Paul Singer y el Grupo Clarín. Según Moyano hay una empresa llamada IPG Mediabrands que fue fundada por Interpublic (empresa de la que Paul Singer posee el 6,7%) que a su vez fundó Magna junto a las empresas A+E Network, AOL, Clear Channel y Cablevisión. “Sí, así como suena, son Interpublic y Magna las empresas en las cuales Cablevisión y Elliott se vuelven socios, donde Clarín y Paul Singer poseen una zona común” dijo Moyano.
 
Moyano, que firma como periodista y docente, debería chequear la información. Con sólo poner los datos que ella presenta en cualquier buscador de Internet, salta la verdad. La empresa “Cablevision” (en inglés y sin acento) que fundó Magna, no es el operador de cable argentino, sino que es una empresa norteamericana fundada en 1973 y que nada tiene que ver con la empresa del Grupo Clarín. Sólo tienen un nombre parecido. La empresa Cablevisión de Argentina no fundó ni es socia de Interpublic o de Magna.

Sin embargo, no es extraño que Moyano incurra en semejante disparate. Procede de la misma forma en la que lo hicieron los titulares del AFSCA que intentaron endilgarle a Clarín empresas y sociedades que no le pertenecen con el único objetivo de confundir a la opinión y así poder legitimar una avanzada de oficio sobre la única empresa que cumple con la ley de medios y que no necesita de nuevas leyes para poder ajustarse a ella.
 

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 4 de noviembre
Entrevistado en radio Continental, el ministro de Economía Axel Kicillof acusa a la “prensa opositora” y particularmente a Clarín de montar una operación mediática para informar sobre un posible pago del país a los denominados “fondos buitres”.

Colonización de medios K: Aparece una nueva publicación kirchnerista dirigida por el panelista de 678, Edgardo Mocca. La revista Horizontes del Sur se presenta en la Biblioteca Nacional con la presencia del titular de AFSCA; Martín Sabbatella y del intelectual oficialista, Horacio González.
 
 2 de noviembre
En una columna publicada por el diario oficialista Miradas al Sur, Martín Sabbatella –de AFSCA- acusa a Clarín de salir a “engañar a los lectores” sobre la ley de Argentina Digital. El funcionario omite decir que la nueva ley le permite a las empresas telefónicas tener canales de aire y ofrecer televisión por cable, algo prohibido por la ley de medios.

El diario La Nación informa sobre el avance de La Cámpora en la TV Pública. El salario promedio en el canal es de 24 mil pesos, y se denuncia persecución laboral y hostigamiento.
 
 1 de noviembre
Durante la noche se registran cuatro grandes ataques a Clarin.com, que pese a las medidas para mitigarlo, logran que parte de los usuarios habituales del sitio tengan dificultades para acceder desde distintas áreas geográficas. El ataque se repite al día siguiente.
 
 31 de octubre
En Bariloche, donde realiza la apertura de un encuentro de comunicación, Martín Sabbatella, titular de AFSCA, dice que el Grupo Clarín “es el que más daño le hace a la democracia y a la libertad de expresión”. “Lo que no soportan es que no mandan más: por eso se oponen a todo”, dice.

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Clarín lanza un rediseño total de iEco, su sitio web de negocios

Los cambios buscan cubrir todas las expectativas de información y contexto de ejecutivos, hombres y mujeres de negocios, consultores y gente de empresas. Con una edición de lunes a viernes diferente que la que se ofrece los fines de semana, el nuevo site tiene una estructura basada en pocas secciones y nuevas zonas de contenidos que van de la información instantánea al análisis en profundidad de columnistas y analistas de mercados.

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Barómetro Social de Padres

Fundación Padres y La 100 presentan e invitan a participar del Barómetro Social de Padres, una encuesta que identificará cuáles son las preocupaciones de los padres de hoy en relación a sus hijos con el objetivo concreto de involucrarse en su solución para lograr el desafío “Mejores Padres, Mejores Hijos y Mejores Argentinos”.
Para sumarse a la iniciativa deberán ingresar en: www.fundacionpadres.org y responder el cuestionario.
 
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