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Boletín Junio 2017
PBI-México

 
Estimadas y estimados integrantes de la red de apoyo,
Un saludo cordial desde el Proyecto México de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés). Como cada mes, les enviamos nuestro Boletín Mensual con noticias sobre el trabajo de PBI en México, la situación de los defensores y las defensoras que PBI acompaña y otros asuntos relativos a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Entrevista a Sara Méndez, de Código-DH

Esta entrevista retrata a Sara Méndez de Código-DH, quien explica a PBI los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y defensores comunitarios que luchan contra la implementación de megaproyectos en Oaxaca.

Descubra cómo apoyar el trabajo de PBI en México aquí: bit.ly/apóyanos.

DESTACADO

El Riesgo Enfrentado por las Familias que buscan a sus Desaparecidos en México

La noche del 10 de mayo, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de derechos humanos y madre de una hija desaparecida, fue asesinada en el estado de Tamaulipas. El 10 de mayo es Día de las Madres en México, y desde hace 6 años familiares de personas desaparecidas en distintas partes de México realizan la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir justicia. Estas mismas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su consternación y exigieron justicia frente a este asesinato y la situación de quienes buscan a sus familiares.
El asesinato de la defensora también causó preocupación en actores internacionales, el portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad manifestó que las autoridades deben garantizar las medidas preventivas necesarias para asegurar una protección eficaz para defensores de los derechos humanos y periodistas; la Oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado directo a las autoridades para atender los factores estructurales que tendrían a las familias de personas desaparecidas en una “grave situación de vulnerabilidad”; y la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a investigar con debida diligencia y a garantizar la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, y además a resolver la “crisis” de desapariciones en el país.
Por su parte, el Espacio_OSC para la protección de Personas Defensoras y Periodistas -instancia acompañada por PBI - contextualizó el asesinato en la situación de violencia en el país durante lo que va del 2017, destacando el asesinato de 24 personas defensoras de derechos humanos y cinco periodistas -además de otras agresiones- y exigiendo que se garantice el derecho a la protección, el acceso a la justicia, la verdad, y la reparación del daño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calificó la situación como un incumplimiento de la obligación de proveer seguridad pública y prevenir violaciones a los derechos fundamentales de parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno.
PBI junto a otras organizaciones internacionales realizó un comunicado conjunto en el que destacó la necesidad del reconocimiento de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México como defensores de derechos humanos, además, brindamos nuestra solidaridad con quienes trabajan para acabar con las desapariciones en México (que solo según cifras oficiales sobrepasa los 30mil casos), así como con la violencia en contra de defensores de derechos humanos que persisten en el país.


                                       Voluntarias de PBI observan la IV Marcha de la Dignidad Nacional en la Ciudad de México @PBI México


EQUIPO SUR

Educa-Oaxaca, acerca del Riesgo de Defender la Tierra y el Territorio

La organización de la sociedad civil Servicios Para una Educación Alternativa A.C. (Educa) denunció en un comunicado del 12 de mayo 2017 que en el primer semestre del año sufrieron una serie de difamaciones, agresiones y una criminalización por sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos. Educa trabaja en el Valle Ocotlán y Ejutla con comunidades y organizaciones de la sociedad civil en el proceso de defensa de la tierra y territorio frente a proyectos mineros en etapa de exploración y explotación en la región. La organización es acompañada por PBI debido al riesgo que han sufrido por el ejercicio de su legítima labor en el estado de Oaxaca, misma que está vinculada a los procesos de resistencia que acompañan en el estado. Cabe destacar que en su alerta temprana del 14 de septiembre 2016, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) destacó que las personas defensoras de tierra y territorio son uno de los grupos que más agravios sufren en el estado de Oaxaca.
El contexto en el que EDUCA viene trabajando puede ser ejemplificado en la denuncia que autoridades agrarias, municipales, y organizaciones de las comunidades en el Valle Ocotlán y Ejutla como la COPUVO - organización que trabaja junto a Educa- hicieron respecto a una serie de amenazas recibidas en el contexto de su defensa del territorio. Otro ejemplo ha sido cómo los pueblos reunidos contra el proyecto minero “San José” y los trabajos de expansión minera en el territorio, debieron suspender una reunión convocada por sociedad civil en la que esperaban dar seguimiento a su trabajo, esto, a pesar de que la DDHPO habría emitido Medidas Cautelares a favor de las organizaciones y autoridades agrarias y municipales de las comunidades en el Valle Ocotlán y Ejutla para que pudieran asistir a la reunión. Como acompañante de este proceso de defensa de la tierra y territorio Educa expresó su preocupación y alertó de la campaña de hostigamiento y difamación que están viviendo.

Encuentro en Guerrero, Foro: “Las Víctimas de un Estado Fallido”

En el marco de la conmemoración de la desaparición masiva ocurrida en Chilapa en mayo 2015, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” - ambas organizaciones acompañadas por PBI- y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C. (CCTI) organizaron el foro “Las Víctimas de un Estado Fallido: Desaparecidos, Ejecutados y Desplazados”, que se realizó en las instalaciones del Congreso local de Chilpancingo este 11 de mayo, y en el cual PBI estuvo presente como observador internacional.
Durante el primer panel del foro, familiares y víctimas de la violencia, entre ellos colectivos de familiares de desaparecidos y familias desplazadas forzadamente testimoniaron sus casos. Otros paneles, contaron con la presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil y comunidad internacional, entre ellos Ismael Eslava, Primer Visitador de la CNDH, y Alan García, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, entre otros.
El visitador Eslava señaló que las desapariciones son un problema estructural por la violencia e impunidad en distintas regiones del país. El contexto de desapariciones en Guerrero ha sido mencionado por la CNDH en su informe sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, revelando que son 1,155 personas desaparecidas en el estado, ubicándose como la entidad con mayor número de fosas clandestinas al nivel nacional. Así mismo, según las cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el estado de Guerrero es la entidad que ha sida lo más afectada al nivel nacional por eventos masivos de desplazamiento forzado entre 2009 y 2017. En total, son 1,650 personas que han sido afectadas por estos eventos en Guerrero.


                               Voluntarias de PBI en Foro “Las Víctimas de un Estado Fallido: Desaparecidos, Ejecutados y Desplazados” @PBI México     


Situación de Riesgo del Centro de Atención a Migrantes en Chahuites

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los últimos años los flujos migratorios que transitan por México se han incrementado y el fenómeno migratorio se ha vuelto más complejo. Ante la necesidad de auxiliar a los migrantes indocumentados que cruzan por el municipio de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra fundó en 2014 en dicho municipio el Centro de Atención y Ayuda Humanitaria a Migrantes, mismo que es una extensión del albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec. El refugio de Chahuites es el primer espacio en el estado de Oaxaca donde llegan a descansar las personas migrantes después de caminar largas horas; en este lugar además reciben asesoría respecto a sus derechos y apoyo en caso de que hayan sufrido agresiones y decidan denunciarlas frente a las instancias competentes.Por su labor en defensa de los derechos humanos de personas migrantes, el personal del albergue ha enfrentado distintas agresiones, como intimidación, amenazas y asaltos, entre otros. El Centro de Atención cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), esta última recientemente exhortó a las autoridades municipales de Chahuites a que realice acciones de protección para personas migrantes que transitan en este municipio.

EQUIPO NORTE

Denuncian Actos de Intimidación en contra de Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Vida en Coahuila

Entre el 12 y 22 de mayo se realizó la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Personas Desaparecidas en Vida, conformada por colectivos de 25 ciudades de 12 estados de México y de los Estados Unidos, trasladándose por los municipios de Torreón, Saltillo, Monclova, Allende y Piedras Negras, en el Estado de Coahuila. El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC-M) enmarca esta acción dentro del aumento de desapariciones en los últimos 10 años. Cabe recordar que de acuerdo a los últimos informes del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas el número de Desaparecidos en México ya supera los 30 mil.
Durante el transcurso de la caravana, organizaciones de la sociedad civil (OSCs), entre ellas el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi (ambas organizaciones acompañadas por PBI), denunciaron una serie de hostigamientos hacia integrantes de la misma. Según el comunicado emitido por las organizaciones, presuntos militares e integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) se habrían presentado vigilando y sacando fotografías a los familiares; y solicitaron a las autoridades que se investigue a las personas que han estado hostigando.


                                                      Integrantes de FUUNDEC-M durante VI Marcha de la Dignidad Nacional en CDMX @PBI México    


Creación de la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos en Chihuahua

Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua han saludado la aprobación de una reforma integral de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el Congreso del Estado que incluirá la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones los Derechos Humanos en el estado. En un comunicado firmado por 15 organizaciones del estado de Chihuahua, congratulan la aprobación el 30 de mayo de 2017 que permitirá el establecimiento de esta nueva fiscalía.
En la descripción de la nueva Fiscalía Especializada por el Congreso del Estado, hace mención específica a las investigaciones de casos de tortura; desaparición forzada de personas; discriminación; delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas o comunicadores. Desde principios de este año, un periodista y dos defensores comunitarios de la Tierra y el Territorio han sido asesinados en Chihuahua. Estos asesinatos se enmarcan en un patrón regional como lo demuestra el informe “El Precio del Activismo” recientemente publicado por Greenpeace. Según el informe, América Latina es la región donde las personas defensoras de derechos económicos sociales y culturales están más en riesgo por su legítima labor de defensa de los derechos humanos. Además, según Artículo 19, en México el 99,77% de los asesinatos de periodistas siguen impunes, constituyendo un “claro incentivo para que estos crímenes sigan sucediendo”.

OTRAS NOTICIAS

Jan Jarab: “La violencia que no Cesa, la Protección que no Alcanza”

Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en una columna de opinión, analizó la situación de seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, calificando los primeros cuatro meses de 2017 como "escalofriantes", debido al asesinato de al menos cinco periodistas, dos personas defensoras y dos escoltas de beneficiarios del Mecanismo Nacional de protección. En su análisis resalta que según los estándares internacionales, el Estado tiene el deber de proteger; y que existe una esfera de colusión entre autoridades y la delincuencia organizada y que en muchos casos, los agentes del Estado cometen graves violaciones de derechos humanos; además, destaca que la mayoría de los 125 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y 2017- según CNDH - ha quedado impune, así como las desapariciones, afirmando que “El Estado es, sin ninguna duda, responsable por este círculo vicioso de impunidad. Si esto no cambia, todas las medidas de protección van a quedarse cortas y serán meros paliativos”.
Estas declaraciones fueron hechas en el marco de los asesinatos de la defensora de derechos humanos Miriam Rodriguezen Tamaulipas y del destacado periodistas Javier Valdez en Sinalo. Sobre este último caso, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresaron a través de un comunicado conjunto su consternación por el asesinato del periodista y escritor mexicano, señalando que "La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante". Además señalaron que el pasado mes de abril, ambos relatores solicitaron al gobierno mexicano realizar una visita oficial conjunta al país.

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Paula González Figueroa
Coordinadora de Comunicación
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